top of page

Proponen crear un registro provincial para personas afectadas por incumplimientos de empresas desarrollistas

Foto del escritor: Por Salma Naar
Por Salma Naar
7 sept
3 min de lectura

La iniciativa del diputado Fabián Palo Oliver busca relevar y sistematizar los casos de ahorristas y adjudicatarios que denuncian demoras en la entrega de viviendas, cambios en las condiciones contractuales y otros perjuicios. El registro funcionaría en el ámbito de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.

El diputado provincial Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó un proyecto de Resolución para crear el “Registro de Personas Afectadas por Incumplimientos Contractuales” en el ámbito de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe.


La propuesta apunta a relevar, sistematizar y documentar los casos de ahorristas, adjudicatarios y titulares de planes de ahorro previo para vivienda que denuncien incumplimientos contractuales por parte de empresas desarrollistas, entre ellas Pilay S.A., Bauen Arquitectura S.R.L., Pilares S.R.L. U.T.E. y Casaplan S.R.L. U.T.E., además de otras firmas que hayan participado o participen de la actividad desarrollista.


Según el proyecto, el registro permitirá cuantificar y caracterizar a las personas afectadas en el territorio provincial, reunir la documentación aportada voluntariamente por los damnificados y generar información que sirva como base para el seguimiento parlamentario y la elaboración de futuras iniciativas legislativas.


Entre las situaciones que se busca relevar se encuentran las demoras en la entrega de las unidades habitacionales, modificaciones unilaterales de las condiciones contractuales y otros perjuicios denunciados por los titulares de los planes.


Una herramienta para conocer la dimensión del problema


La iniciativa surge a partir de los reclamos de ahorristas y adjudicatarios vinculados a planes de ahorro previo para vivienda, especialmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, se trata de contratos de larga data en los que los beneficiarios aseguran haber abonado las cuotas en tiempo y forma sin acceder a las unidades comprometidas.


También se mencionan casos en los que se ofrecieron nuevos plazos de entrega o alternativas de relocalización fuera del radio originalmente pactado. Los afectados, agrupados como “Autoconvocados contra los Incumplimientos de Bauen Pilay”, estiman que cientos de familias santafesinas se encuentran perjudicadas. En ese marco, Palo Oliver sostiene que contar con un registro permitiría obtener un diagnóstico actualizado y preciso de la problemática.


Inscripción voluntaria y articulación institucional


El registro tendría carácter voluntario y gratuito y estaría destinado a personas con domicilio en la provincia de Santa Fe que manifiesten encontrarse afectadas. La Secretaría de la Comisión de Vivienda y Urbanismo tendría a su cargo su administración, custodia y actualización, además de la elaboración de informes sobre la situación.

La propuesta también contempla la posibilidad de convocar audiencias públicas y reuniones informativas con organismos provinciales, municipios y comunas, colegios profesionales y asociaciones de consumidores.


Asimismo, se prevé la articulación con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y con el Poder Judicial, aunque el proyecto aclara que el registro no reemplazará las vías administrativas ni judiciales existentes.


En materia de protección de datos, la iniciativa establece que la información personal será tratada conforme a la Ley Nacional Nº 25.326 y que los datos recabados sólo podrán utilizarse para los fines previstos, salvo consentimiento del titular o requerimiento judicial o administrativo.


“Es imprescindible que el Estado provincial se haga cargo del reclamo colectivo de cientos de familias que, tras décadas de pago puntual, aún esperan la vivienda que se les prometió”, afirmó Palo Oliver. Y agregó que el registro permitirá conocer con precisión la dimensión del problema, mejorar la coordinación entre los organismos competentes y avanzar en iniciativas destinadas a proteger los derechos de los adquirentes.

Comentarios


bottom of page