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Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia desde este sábado y cómo se prepara la Justicia

Foto del escritor: El Cruce Digital
El Cruce Digital
2 sept
3 min de lectura

La Ley 27.801 entra en vigencia el 5 de septiembre y baja de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal. El nuevo sistema incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico y supervisores especializados, mientras en la Justicia advierten sobre la falta de recursos para afrontar el aumento de causas.


A partir de este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y modifica de manera significativa el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal.


El principal cambio es la baja de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Desde los 14, los adolescentes que cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso penal y eventualmente recibir una condena, aunque bajo un régimen específico y diferenciado del sistema de adultos.


La nueva normativa no implica que todos los adolescentes que cometan un delito sean enviados a prisión. Por el contrario, establece distintas alternativas y busca combinar la responsabilidad por los hechos cometidos con objetivos de educación, resocialización e integración social.


Qué penas contempla el nuevo régimen


Entre las herramientas incorporadas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y la participación en actividades educativas y comunitarias.


Estas medidas podrán aplicarse en determinados casos, especialmente cuando no existan antecedentes o procesos en trámite y el delito no haya involucrado la muerte de la víctima o una grave violencia física o psíquica.


También se incorpora la amonestación, que consiste en un llamado de atención formal acompañado de recomendaciones sobre la conducta del adolescente.


Otra de las novedades es el monitoreo electrónico, que permitirá controlar la ubicación del adolescente durante el cumplimiento de determinadas medidas o penas.


Además, se crea la figura del supervisor, que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de quienes reciban penas alternativas. Deberá tratarse de un profesional con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

Cómo será el régimen de privación de libertad


Cuando corresponda una pena de prisión, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de las personas adultas. La normativa contempla institutos abiertos y centros especializados de detención, además del arresto domiciliario en determinadas circunstancias.


La ley establece que no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua a adolescentes y fija en 15 años el máximo de las penas privativas de libertad. También contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos determinados requisitos.


La privación de libertad, por lo tanto, queda como una de las herramientas posibles dentro del nuevo sistema, pero no constituye una consecuencia automática ante la comisión de un delito.

La preocupación por la implementación


A pocos días de la entrada en vigencia, uno de los principales interrogantes está puesto en la capacidad del sistema judicial para absorber la ampliación de casos.


Según especialistas consultados por Infobae, la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años y la posibilidad de perseguir penalmente conductas que actualmente quedan fuera del sistema podrían generar un aumento considerable de expedientes.


La preocupación se concentra especialmente en la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y presupuesto para poner en funcionamiento las nuevas herramientas previstas por la ley.


En ese sentido, también existen dudas sobre la disponibilidad de dispositivos para el monitoreo electrónico y sobre la designación de los supervisores que deberán acompañar a los adolescentes alcanzados por penas alternativas.


El Congreso estableció una partida de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, aunque desde el ámbito judicial advierten que todavía existen interrogantes sobre la asignación efectiva de recursos y la capacidad operativa necesaria.


Las provincias también deben adecuarse


La aplicación del nuevo régimen requerirá además modificaciones y adaptaciones en las distintas jurisdicciones del país. Algunas provincias ya comenzaron a trabajar en protocolos, reformas procesales y mecanismos de coordinación entre los poderes Judicial y Ejecutivo.

El objetivo es establecer criterios comunes para la aplicación de la nueva normativa y garantizar que el sistema especializado pueda funcionar desde su entrada en vigencia.


El cambio comenzará a regir este sábado y marcará una nueva etapa en la Justicia Penal Juvenil argentina. La baja de la edad de responsabilidad penal será acompañada por un sistema que incorpora nuevas sanciones, mayores herramientas de seguimiento y reglas específicas para la privación de libertad.


El desafío inmediato será determinar si las estructuras judiciales, administrativas y de atención disponibles cuentan con la capacidad necesaria para implementar el nuevo régimen y responder al eventual incremento de causas.

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